Patrick Heneghan & Markus Perkams, Skadden: “El término ‘cazadores de ambulancias’ se acuñó en los Estados Unidos a fines del siglo XIX para referirse a los abogados que buscaban sacar provecho de las lesiones o accidentes sufridos por una persona, siguiendo a las ambulancias hasta las unidades de urgencias de los hospitales en búsqueda de posibles clientes. Hoy día, la caza de ambulancias se ha globalizado: las firmas internacionales de abogados animan a las multinacionales a demandar a los gobiernos con controversias relativas a inversiones internacionales, causando estragos en las finanzas públicas y en las políticas sociales, sanitarias y ambientales”
Bienes comunales y capitalismo
Una playa pública, un parque público, una plaza pública, son comunales, bienes de uso común que permiten a cualquiera disfrutarlos sin pagar expresamente por ello. Constituyen un pulmón alternativo al mercado capitalista.
En realidad, cualquier espacio público, sea un hospital, un sistema de pensiones o fondo de pensiones público, una empresa pública, una escuela pública, una web pública (wikipedia), etc., un convenio colectivo de un sector, una ley de protección de la salud laboral, constituyen comunales marginales al capitalismo que resisten y ayudan a resistir el totalitarismo del sistema.
El capitalismo es un tumor que empezó a desarrollarse y expandirse en Inglaterra entre el s. XV y el s. XVIII. El capitalismo infectó el sector agrario británico apoderándose de los bienes comunales rurales (vallando y privatizando bosques y pastos comunales), dejando a los agricultores no capitalistas sin otra opción que la de entrar a formar parte de la fuerza laboral del sistema.
La “acumulación primitiva”, es decir, el pillaje fuera del ámbito del sistema, constituyó la base para su expansión exponencial. Privatizar y mercantilizar los comunales, pastos, bosques, lagos, mares, recursos del subsuelo, recursos hidráulicos, fuentes de energía, etc. Privatizar cualquier bien de uso común, forma parte del material genético tumoral capitalista.
El capitalismo necesita la perpetua incorporación, anexión y sometimiento de ámbitos no capitalistas. Lo necesita porqué los comunales son un freno a su dominio y además facilitan la resistencia de los explotados y excluidos. Además, durante las crisis periódicas, la absorción de comunales revitaliza las ganancias, fortalece las posiciones de monopolio y refuerza el totalitarismo del sistema.
Comunales y lucha de clases
Sin comunales la resistencia al capitalismo es más difícil. La resistencia del empleado, del desempleado, del marginado o del excluido por el sistema, se debilita sin ellos. La lucha por crearlos, mantenerlos y conservarlos es lo que define y da sentido a la lucha de clases.
A menudo, la resistencia frente al tumor capitalista se manifiesta en la recuperación de comunales o la creación de nuevos comunales (la radio o Internet en sus orígenes). La lucha contra la privatización de los servicios básicos, contra la privatización de los monopolios naturales, contra la liquidación de leyes y sistemas de protección laboral y social, ..., las luchas contra los desahucios, por la protección a la dependencia, del sistema público de pensiones, contra la privatización del transporte urbano, de la recogida de basura, la sanidad, la seguridad social, los fármacos genéricos, la educación, el suministro doméstico de agua, gas y electricidad, los servicios de telecomunicación, internet, los servicios de información, los servicios financieros, etc., es un apartado clave en la lucha de clases.
Las luchas obreras, urbanas, campesinas, políticas, sindicales, ecologistas, feministas, etc., intentan recuperar espacios comunales y blindarlos, si cave, frente a la agresividad del capital. La resistencia de las poblaciones indoamericanas se asemeja mucho a la resistencia de los “ocupas” urbanos o a las luchas contra la privatización del agua en Latinoamérica o en Inglaterra.
Viejas recetas frente a monopolistas nacionales
Mientras los monopolios capitalistas no superaban sus fronteras nacionales la resistencia al avance del tumor capitalista podía adoptar formas nacionalistas. Pero los nacionalismos del siglo XIX, muchos de ellos revolucionarios, a menudo movimientos de recuperación de o creación de nuevos comunales, fueron repetidamente reconvertidos a favor de los monopolistas nacionales, y se convirtieron en moneda de cambio para depredar comunales ultra nacionales (colonialismo, expansionismo, etc). Los grandes capitalistas monopolistas germanos pactaron con las milicias fascistas la recuperación y creación de comunales en el territorio germano a cambio de apoyar la sanguinaria depredación capitalista ultra fronteriza. Cecil Rhodes reconocía que para frenar la conflictividad social en su territorio los británicos tenían que ser imperialistas.
En el Reino Unido, tras la 1ª G.M., la ley de 1919 de Vivienda y Urbanismo estableció un sistema de vivienda protegida (“hogares aptos para los héroes”) para sustituir las barriadas de chabolas. Se construirían 214.000 viviendas para los pobres. La Ley de Seguro de Desempleo de 1920 estableció el sistema de paro que proporcionaba 39 semanas de subsidio de desempleo a prácticamente toda la población civil. El historiador Charles Mowat llamó a estas dos leyes "socialismo por la puerta de atrás".
Los impuestos subieron fuertemente durante la guerra y nunca regresaron a sus antiguos niveles. Un hombre rico que pagaba el 8% de sus ingresos en impuestos antes de la guerra pasó a pagar alrededor de un tercio después. Gran parte del dinero fue para el subsidio de desempleo. Alrededor del 5 % de la renta nacional cada año se transfirió de los ricos a los pobres.
Tras la 2ª GM, los gobiernos laboristas nacionalizaron el Banco de Inglaterra, la aviación civil, el carbón y los sistemas de comunicación por cable e inalámbricos, los ferrocarriles, los canales, el transporte pesado por carretera, la electricidad y el gas. Finalmente se nacionalizó la industria del hierro y del acero. En total, alrededor de una quinta parte de la economía había sido nacionalizada y había planes para nacionalizar las tierras de cultivo.
Los propietarios de acciones de las corporaciones nacionalizadas recibieron bonos del gobierno, y el gobierno tomó la plena propiedad de cada empresa afectada consolidándola en un monopolio nacional. La dirección siguió siendo la misma, sólo que ahora se convirtieron en funcionarios que trabajan para el gobierno. La nacionalización era un requisito para consolidar la planificación económica del país.
Estas medidas trajeron consigo el pleno empleo y un enorme aumento en el nivel de vida de la población, con un aumento medio del 40% en los salarios reales entre 1950-1965. Los salarios en la industria aumentaron un 95% entre 1951 y 1964, la semana laboral oficial se redujo y los ocupados semi-cualificados y no calificados mejoraron notablemente sus salarios y sus condiciones de vida.
Globalización monopolista y desempleo
Destruida la mayor parte del sector industrial y comercial no monopolista el desempleo está creciendo de forma exponencial en todo el planeta.
La tan cacareada 3ª revolución industrial monopolista globalizada destruye más empleo del que crea. Apple (500.000 millones en capitalización) en 2013 daba ocupación directa a sólo 80.000 trabajadores. Google, (400.000 millones en capitalización) 40.000, Facebook (170.000 millones en capitalización) 4.600 más los 55 empleados de WhatsApp, adquirido a principios de 2014 por la friolera de 19.000.000.000 $. Amazon emplea 14 personas por cada 10 millones de $ que saca de beneficios.
Con la combinación de inteligencia artificial y robótica la mitad de los puestos de trabajo en Europa y EEUU están condenados a desaparecer en un futuro inmediato.
Los comunales y el desempleo
Cuando, como en España, el desempleo se ceba sobre la población, los comunales públicos constituyen la última defensa contra la aniquilación y la exclusión. El capital monopolista lo sabe y entabla batalla. Las reformas precario-laborales, robo-financieras y anti-medioambientales son reformas diseñadas para el estrangulamiento de la sanidad pública, el sistema de pensiones, la seguridad social y los subsidios de desempleo, la protección medioambiental, las empresas de servicios municipales, etc.
En Grecia se privatizan y venden playas. Pero España pretende el liderato en cuanto a dumping social, fiscal y mediambiental. España se jacta de haber privatizado y entregado a las multinacionales los sectores de la electricidad, el petróleo, la siderurgia, las finanzas, el suministro de agua corriente de la mayoría de sus centros urbanos, el correo y las telecomunicaciones. España ha socializado las pérdidas y las deudas de la banca y de las grandes constructoras en una macro-operación de rescate que ha propiciado que tres bancos se hayan apoderado de todo el negocio financiero español. En España se ha reformado la Constitución para asegurar la prioridad presupuestaria absoluta de los pagos a los mercados y se va a reducir un impuesto de sociedades que no es más que un decorado fiscal dada la amplitud de excepciones para las multinacionales.
Pero las multinacionales quieren más. Quieren privatizar RENFE, los aeropuertos, la lotería, los transportes urbanos, los hospitales, las escuelas, las universidades, las policías, los barrios, las playas (una ley de costas que permite construir a 20 metros del mar ya se considera ya demasiado restrictiva), y están presionando para convertir la península en una especie de casino-burdel global.
Contra los monopolios transnacionales las viejas recetas no sirven
Las recetas de la abuela ya no sirven contra el cáncer capitalista en su fase terminal monopolista multinacional.
Los comunales que se salvaron del capitalismo pre-globalizado, los que consiguieron recuperarse con las recetas nacionalistas del siglo pasado (pseudo-estado del bienestar) están siendo estrangulados en todas partes del mundo.
En Gran Bretaña toda la electricidad era producida y distribuida por una organización estatal. Hoy en día los antiguos proveedores de electricidad en el este y el noroeste de Inglaterra y las Midlands, las centrales eléctricas de carbón de Kingsnorth, Ironbridge y Ratcliffe las turbinas en Hams Hall, las estaciones de petróleo y gas en Isle of Grain, Killingholme, Enfield y Cottam son propiedad de la multinacional alemana E.ON. Las antiguas productoras de electricidad de Tyneside y Yorkshire, las centrales eléctricas en Didcot en Oxfordshire, Fawley en Hampshire, Tilbury, Essex, Littlebrook en Kent, Great Yarmouth en Norfolk, Little Barford en Bedfordshire y Staythorpe en Nottinghamshire, pertenecen a la alemana RWE de Essen. Los antiguos proveedores públicos de electricidad en el norte de Gales, Merseyside y el sur de Escocia, junto con otra serie de grandes centrales eléctricas, son hoy propiedad de Iberdrola.
El Gran Mercado Trasatlántico oligopolístico
Mientras que la resistencia se organiza según las recetas nacionalistas tradicionales, las multinacionales hace tiempo que perfeccionan su arsenal patógeno mutante para vencer las resistencias de los últimos comunales del planeta.
Frente a la contestación nacional o posibles movilizaciones o resistencias locales, el macro-oligopolio multinacional, Cargill, Dupont, Dow, FedEx, Amwey, Chrisler, Citi, Ford, GE, IBM, Intel, Johnson&Johnson, Lilly, MetLife, UPS, JP Morgan, etc., están diseñando un marco estructurado de dominación oligopolista sistémica global.
TTIP - TAFTA
Lo que se está cociendo en las altas esferas del poder es un macro Tratado de Libre Comercio Transatlántico (TTIP: Transatlantic Trade and Investement Partnership) para la creación de un Gran Mercado Trasatlántico diseñado a la medida de los intereses de los grandes grupos monopolistas transnacionale y que incorporará de facto el poder de sentar en el banquillo de los acusados a cualquier estado, comunidad o municipio cuyos ciudadanos o contribuyentes osen trastocar los planes de beneficio de los inversores multinacionales.El acuerdo en tramitación se denominará TTIP, PTCI, TAFTA, GMT, … una multitud de apelaciones que se explica por el secreto de las negociaciones, iniciadas al parecer desde febrero de 2013, entre las multinacionales (automóvil, farmacéuticas, alimentación, sector de la salud, químicos, informática, telecomunicaciones, …), los EEUU y la Comisión.
Ya hubo intentonas anteriores: Acuerdo Multilateral de Inversiones -AMI -, negociado secretamente entre 1995-97 tuvo que ser retirado por las enormes protestas desencadenadas tras su publicación en la revista Monde Diplomatic; o las más recientes ACTA -Anti-Counterfeiting Trade Agreement- y SOPA -Stop Online Piracy Act- que fracasaron también al hacerse público su contenido abusivo y antidemocrático en 2012.
Ahora, con la excusa de la crisis, la supuesta competencia de los BRICS o la necesidad de creación de empleo (EL TTIP serviría supuestamente para mejorar el crecimiento económico, con supuestas predicciones de un aumento de entre el 1% y el 3% del PIB, así como la supuesta creación de cientos de miles de puestos de trabajo, o el supuesto aumento de la renta per cápita a largo plazo), se pretende colar todo un paquete de disposiciones a favor de los monopolios multinacionales (rebaja de normas sanitarias, protección social, protección medioambiental, etiquetaje de transgénicos, fracking a discreción, patentes abusivas, desregulación financiera, etc) bajo el formato de “armonización de las regulaciones y normas a ambos lados del Atlántico” y “reconocimiento mutuo”. La regla matemática a aplicar es el mínimo común denominador, es decir, un recocido con todo lo malo de América y todo lo malo de Europa, servido en bandeja de plata a las insaciables tragaderas de los monopolios transnacionales.
La Comisión Europea reconoce que el nuevo tratado tendría un "shock inicial" que obligaría a una reestructuración en profundidad de muchos sectores afectados (productores de carne, azúcar, fertilizantes, bio-etanol, equipos de transporte, sector del metal, sector de la madera y del papel, sector de servicios a los negocios, o los sectores de servicios personales y de comunicación). Es decir, como en el caso del NAFTA de 1994 (EEUU, Canadá y Méjico), la promesa de 20 millones de nuevos empleos representó en realidad la pérdida de millones de viejos empleos sin sustitución alguna, tanto en EEUU como en México. Aunque las corporaciones incrementaron enormemente sus beneficios las condiciones laborales (dumping en cuanto a sueldos y estándares de seguridad y salud) se deterioraron a ambos lados de la frontera. En Europa las legislaciones laborales deberían "armonizarse" con la ley americana mal llamada “Derecho a trabajar”, que ha restringido sistemáticamente la libertad de asociación sindical de los trabajadores.
ISDS (Investor-State Dispute Settlement)
Pero además, con el paquete “librecambista” (que admite más publicidad) se quiere colar otro paquete más secretivo, un acuerdo multilateral de resolución de conflictos entre inversores y contribuyentes diseñado para maniatar cualquier forma de resistencia al dumping social o a la privatización de los comunales sea a escala municipal, local, regional o nacional.
Precendentes: Pagar para legislar
Durante la primavera árabe (2011) los egipcios consiguieron un aumento del salario mínimo de 31€ (pasaron de 41 a 72€ al mes). Veolia, una multinacional del agua, interpuso en junio de 2012 una reclamación contra el estado egipcio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI -ICSID en inglés -) una oficina del Banco Mundial. El motivo, que la nueva ley sobre el trabajo egipcia vulneraba los acuerdos tomados con el gobierno cuando la multinacional pasó a explotar el tratamiento de residuos de la ciudad de Alejandría.
En 2004 Cargill arrancó 66 millones € al estado mejicano por haber creado un nuevo impuesto sobre las bebidas con soda.
En 2010 Tampa Electric obtuvo 25 millones de $ de Guatemala por haber aprobado una ley que nivelaba las tarifas eléctricas.
En 2009, el gigante sueco de la energía Vattenfall interpuso una demanda en contra de Alemania. La compañía reclamaba una indemnización de 1.400 millones de euros por las medidas ambientales que limitaban el uso y el vertido del agua de refrigeración para una central eléctrica de carbón situada en las márgenes del río Elba en Hamburgo. En 2012, Vattenfall llevó a juicio al gobierno alemán exigiendo 3.700 millones de euros en compensación por la pérdida de beneficios relacionada con sus plantas de energía nuclear por la decisión del gobierno de irse retirando de la energía atómica.
Philip Morris presentó una demanda en 2010 contra Uruguay y Australia porque estos países introdujeron advertencias obligatorias sobre los riesgos para la salud en las cajetillas de tabaco.
Cuando Argentina congeló las tarifas de los servicios públicos (energía, agua, etc.) y devaluó su moneda para responder a la crisis financiera que azotó al país en 2001-2002, se vio sorprendida por más de 40 demandas de inversores. Grandes compañías como CMS Energy (Estados Unidos), Suez y Vivendi (Francia), Anglian Water (Reino Unido) y Aguas de Barcelona (Estado español) reclamaban paquetes de compensación multimillonarios por la pérdida de ingresos.
En la actualidad hay más de tres mil casos en tramitación.Para una lista interminable de casos en tramitación consultar esta web: http://italaw.com/arbitration-rules/icsid
Los monopolios transnacionales están demandando a países desarrollados y en desarrollo de todos los continentes por adoptar medidas tributarias o políticas fiscales, prohibir productos químicos nocivos o actividades mineras, requerir que se realicen evaluaciones de impacto ambiental, introducir regulaciones sobre residuos peligrosos, etc. A menudo, la amenaza de una demanda basta para congelar las medidas del Gobierno, haciendo que los responsables de formular políticas se den cuenta de que deben pagar para regular.
Este tipo de “acuerdos” (a menudo trucados con letra pequeña que sólo aparece el día de la reclamación) protegen a las multinacionales contra toda decisión pública, independientemente del gobierno de turno y al margen de las regulaciones nacionales o los tribunales locales puesto que las disputas sólo se resuelven en instancias especializadas de arbitraje (CIADI, CNUDCI, …) sin derecho a apelación.
Los Estados deben cumplir con los laudos arbitrales. Si se niegan a ello, el laudo puede ejecutarse prácticamente en cualquier lugar del mundo; por ejemplo, confiscando una propiedad del Estado en cuestión en otro país.
Un selecto grupo de firmas y abogados que cobran la friolera de 8 a 30 millones de $ por caso, a razón de mil $ la hora de una legión de leguleyos (El Gobierno filipino gastó 58 millones de $ para defenderse en dos casos contra el operador aeroportuario alemán Fraport) con interconexiones las multinacionales y numerosos intereses financieros, dictan sentencias que poco tienen que ver con la justicia o la independencia.
En el caso de Plama Consortium contra Bulgaria, los honorarios a pagar por Bulgaria ascendieron a más de 13 millones de $, por defenderse de una demanda que, en última instancia, se consideró fraudulenta. Aunque Bulgaria fue indemnizada con 7 millones se vio obligada a añadir 6 millones de su presupuesto para acabar de pagar la factura presentada por los abogados.
La industria del arbitraje internacional de inversiones está dominada por un reducido
y compacto grupo de firmas de abogados y árbitros –Freshfields (Reino Unido), White &Case (Estados Unidos) y King & Spalding (Estados Unidos) que ejercen como árbitros y como representantes de las partes (o consejeros), e incluso se citan entre sí para actuar como testigos en los casos de arbitraje. Una puerta giratoria sin pausa existe entre los responsables nacionales de las políticas de inversiones, los abogados de las multinacionales y los abogados de las cortes arbitrales.
El sistema de arbitraje de inversiones, dada la magnitud de las cifras involucradas, está cada vez más interconectado con el mundo de las finanzas especulativas, puesto que hay fondos de inversión que están ayudando a financiar los costos de las disputas inversor-Estado a cambio de un porcentaje de la indemnización o laudo final. Se trata de invertir en el pleito de otra entidad con la esperanza de compartir el botín si finalmente se otorga un pago. Por lo general, el financiador tomará entre el 20 y el 50% del laudo final. Esta financiarización del arbitraje de inversiones llega incluso a propuestas como la posibilidad de que se puedan vender paquetes de demandas a terceras partes (swaps de impago) en la más pura tradición de los derivados especulativos financieros.
Pero se trata aún de acuerdos “ad hoc”, no generalizables, que dependen de la voluntad de aceptación por parte del gobierno de turno. Algunos países han empezado a tomar conciencia de los abusos y han empezado a retirarse del sistema. En la primavera de 2011, el Gobierno australiano anunció que dejaría de incluir disposiciones sobre la resolución de diferencias inversor-Estado en sus tratados comerciales. Bolivia, Ecuador y Venezuela han puesto fin a varios tratados de inversión y se han retirado del CIADI.
Colar el ISDS por la puerta trasera
Si se incluyera en el TTIP un capítulo de protección inversiones de multinacionales, general y obligatorio (el ISDS), una reglamentación municipal sobre el precio del agua, una tasa contra la polución, un aumento del salario mínimo, un cambio en los horarios comerciales, una norma de protección del comercio local contra la instalación de grandes superficies, una norma de etiquetaje que obligue a especificar el origen transgénico de los ingredientes, …, podrá ser reclamada por la multinacional de turno (por que puede reducir el beneficio esperado de la inversión), no ante un tribunal administrativo nacional sino en una corte de arbitraje internacional que impondrá sanciones y multas disuasorias a los ciudadanos contribuyentes además de cobrar millones por sus dudosos “servicios”.
Se trata de la creación de un frente inexpugnable que pretende acabar con cualquier resistencia democrática, social o política en defensa de los comunales, un ataque a cualquier intento democrático de reforma fiscal contra los grandes monopolios, las grandes superficies, los grandes bancos o los mercados financieros. Cualquier intento de aumento del salario mínimo, la seguridad laboral, la sanidad pública, la educación, los fármacos genéricos, la introducción de medidas de defensa del medio ambiente, etc., que vulnere los intereses de cualquier grupo monopolista multinacional, será aplastado en los tribunales pro-business globales.
Recetas nuevas contra los monopolios multinacionales
La lucha por los comunales es la clave para la resistencia frente al ecocidio, austericidio y empleocidio del capitalismo monopolista multinacional.
Los comunales locales y regionales (edificios, viviendas y espacios públicos, normas contra el establecimiento de grandes superficies, servicios públicos municipales, provinciales, etc) deben defenderse con uñas y dientes frente al capitalismo multinacional y sus sponsors y lacayos nacionales.
Desbancar a los lacayos que gobiernan a favor de los monopolistas no es suficiente puesto que todo el conjunto del entramado institucional europeo y mundial está al servicio del capital monopolista multinacional. El nacionalismo individualista es una receta obsoleta en un planeta globalizado. El nacionalismo miope que pretende salvarse de la crisis general soltando lastre y colaborando con las multinacionales es, cuando más, una vía de escape de muy corto recorrido.
La batalla por los comunales tiene que globalizarse desde el ámbito más local, hasta el ámbito más general en una sinapsis permanente. Los que pretenden urbanizar una plaza pública, cerrar un CAP, subir el IVA, cambiar empleos fijos por mini-jobs, hacer fracking frente a tu pueblo, montar un Carrefour en la esquina, etc., son el FMI, la Comisión Europea, el Banco Mundial, la oligarquía financiera y en definitiva, el capital monopolista multinacional. Por lo tanto, si las luchas locales no saltan a luchas solidarias y a luchas globales, los comunales serán estrangulados, uno tras otro, en su totalidad y la batalla estará perdida de antemano.
Frente al Tratado del Gran Mercado Trasatlántico, la evidencia más clara y fidedigna del frente único, global y coordinado de los oligopolios transnacionales para someter a la población y al planeta, hay que contraatacar con un frente único de resistencia socialista global en cada pueblo, en cada ciudad, en cada región, en cada nación y en cada continente. El cáncer capitalista está demasiado extendido y las viejas recetas nacionalistas ya no tienen ninguna posibilidad de frenar su avance mortal.
Información sobre Acuerdos Multilaterales de Resolución de Conflictos: Cuando la injusticia es negocio
Blog de activistas contra el TTIP: No al TTIP
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